Tras los oficios recibidos en el Congreso del Estado de diversas Organizaciones Civiles las cuales proponen al presidente del Tribular Superior de Justicia del Estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, para ser considerado a ocupar el interinato de la gubernatura, el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres llamó al titular del Poder Judicial aclare, en primer lugar si su intención es real y en caso de ser afirmativo renuncie al cargo tal y como lo establece el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Puebla.
El congresista dio a conocer que el poder legislativo ha recibido hasta este día 41 solicitudes de intención, dentro de las que se incluyen la de la Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS), la Asociación de Abogados de Puebla A.C y el Colectivo Especializado en Derechos Humanos A.C, quienes solicitan se analice el perfil del magistrado presidente.
Por lo anterior y apegado a lo que constitucionalmente se establece, consideró que este tipo de acciones polarizan el proceso para la designación del Gobernador (a) interino (a).
En segundo término el legislador dio a conocer que de las iniciativas y reformas a diversas leyes presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia en el primer periodo de sesiones de la LX Legislatura, que comprendió del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2018, fueron observadas la Ley para Proteger los Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, Ley Orgánica de la Fiscalía General, Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, Ley de Seguridad Pública, Ley de Deuda Pública, Ley del Notariado, Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, Ley del Agua para el Estado, y la Ley del Periódico Oficial del Estado de Puebla.
En este sentido indicó que en este segundo periodo de trabajo se subsanarán estas iniciativas de leyes, en espera de que el Gobierno del Estado priorice el beneficio a los poblanos que existe en estas leyes, al tiempo de dejar en claro que las observaciones realizadas a este conglomerado legal no tienen sustento jurídico, sino interés político.