Por Redacción
Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para que un juez vincule a proceso a María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De acuerdo con un documento al que tuvo acceso el diario Milenio, la FGR busca imputar a Robles Berlanda por el ejercicio indebido del servicio público.
Robles Berlanga se fue del Gobierno federal como uno de los personajes más polémicos de la administración de Enrique Peña Nieto, quien la mantuvo durante los seis años de su mandato en puestos claves: primero le dio la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar) y luego, tras el aumento en el número de pobres en 2015, le dio la oficina de la Sedatu.
El documento señala:
“La suscita Licenciada Teresa Maldonado Rodríguez, promoviendo en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XXI, de la Unidad de Investigación y Litifación F de la Fiscalía de Delitos Cometidos Contra la Administración de Justicia adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, autorizando para los mismos fines al Licenciado Agente del Ministerio Público de la Federación Mario Bulmaro, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en la Avenida Insurgentes No. 20 de la Glorieta Insurgentes, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, así como el especial medio de notificación correspondiente al correo oficial institucional de la suscrita [ilegible], asimismo se señala el número de celular [ilegible] y teléfono de oficina [ilegible] ext. [ilegible]; con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:
“Con fundamento en los dispuesto por los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos mEXICANOS: 310, 311 y demás que resultan aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales; por medio del presente solicito de la manera más atenta se me señale la fecha y hora para la celebración de AUDIENCIA INICIAL PARA FORMULAR IMPUTACIÓN Y VINCULACIÓN A PROCESO, en contra de la C. MARIA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, por el delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO. 214 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL), quien puede ser localizada en el domicilio ubicado en:
“Haciendo la aclaración que el domicilio antes referido fue corroborado por esta Representación Social de la Federación, a través de la Policía Federal Ministerial, en fecha 18 DE JULIO DE 2019, tal como se acredita. Con el informe de investigación criminal FR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/IP/014981/2019, el cual se adjunta al presente”.
“Se le solicita se le designe defensor público federal a la persona antes referida, a fin de que pueda ser representada en la audiencia inicial de imputación”.
“Asimismo, le hago del conocimiento que tiene ella calidad de víctima indirecta en la presente investigación, la Auditoría Superior de la Federación, quien puede ser notificada a través de la Dirección General Jurídica a cargo del Maestro Heladio Elías, con datos de localización en el domicilio ubicado en la Ciudad de México”.
En 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu), en la revisión que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a sus Cuentas por Liquidar, encontró un posible daño a la hacienda pública por 2 mil 039 millones 512 mil 453 pesos.
Esa cantidad se conforma por cinco actos realizados bajo la administración de Rosario Robles Berlanga.
De acuerdo con el documento de la Auditoría, durante 2017 la Sedatu pagó mil 173 millones 317 pesos de los que luego ya no se pudo conocer su destino. La Secretaría pagó proyectos del ejercicio 2016 con presupuesto del ejercicio 2017, pero no hubo ninguna Unidad que supervisara el manejo de ese dinero.
Además pagó 596 millones 641 mil pesos a proveedores y no acreditó su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria; tampoco hubo supervisión de ese dinero.
Se encontró que se pagaron 5 millones 359 mil pesos a una asociación por los servicios de “Realización de un proyecto integral de participación en el Programa de Infraestructura”, pero no se encontraron documentos referentes a la justificación, pagos y ejecución de los servicios.
También ejerció mal 178 millones 394 mil pesos en el pago de “Indemnizaciones por expropiación de predios”, los cuales no cuentan con evidencia documental justificativa y comprobatoria que los acredite.
La última observación es por el pago de 35 millones 800 mil pesos a un proveedor para servicios de comunicación, pero no existe.
fuente: www.sinembargo.mx