- En dos meses, la administración de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, inició el abatimiento al rezago social y económico de 19 años.
La titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, junto con la directora de Bienes Patrimoniales, Ana Jetzi Flores Juárez, entregaron 65 reconocimientos de posesión y dos escrituras a habitantes de colonias de la periferia de la ciudad, con la promesa de que nunca más pagarán “moches” para tener un certificado de la propiedad que habitan.
Aceves López aseguró que en el modelo de Ciudad Incluyente, se velará por el derecho que tiene la ciudadanía a un predio para construir una vivienda, enfatizando que con la regularización de la tierra se combate la pobreza.
“En este gobierno no estamos preocupados por las herencias millonarias, estamos preocupados por las pequeñas herencias, por ese pequeño predio o lote para que nuestros hijos no se preocupen por lo que hoy nosotros si nos tenemos que preocupar. Este gobierno tiene una cara nueva, no volverán a ser maltratados”, dijo.
Flores Juárez explicó que al llegar a la administración encontraron un rezago de 243 certificados de reconocimientos y 204 escrituras, con documentos que datan desde 1999; añadiendo que han dado 106 orientaciones a vecinos que quieren regularizar sus predios.
“Es importante para este Gobierno Incluyente, trabajar para las personas que se encuentran en desventaja social e histórica. Estamos impulsando la tenencia de la tierra con las mujeres para abatir la brecha de desigualdad de género”, enfatizó.
Dentro de los beneficiarios se encuentran habitantes de colonias como San José Los Cerritos, Lomas de San Valentín, Tiloxtoc, Ampliación Valle de las Flores, Nuevo Plan de Ayala, Ampliación Nuevo Plan de Ayala, Santa Catarina, Buenos Aires y Luis Donaldo Colosio.
En el evento también participaron el Jefe de Departamento de Tenencia de la Tierra, Cristian Alcalá Tobón, y el regidor presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia, Iván Camacho Mendoza, quienes también mostraron su compromiso de dar certeza jurídica a las personas más vulnerables.